Diego Cabezuela Abogado, Blog
LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL ASESOR FISCAL

LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL ASESOR FISCAL

El asesoramiento fiscal se ha convertido en una profesión de riesgo. Carece de regulación legal y los que la practican transitan por un  territorio peligroso, habitado por una materia compleja y en la que las normas no siempre cuentan con interpretaciones seguras. El endurecimiento del tratamiento de delito fiscal en la reciente reforma del Código Penal ha añadido un factor más de preocupación al colectivo de los asesores.

En líneas generales se parte de que el delito contra la Hacienda Pública es de los denominados especiales; y, por lo tanto, solo pueden ser autores los obligados tributarios. Sin embargo, también las personas próximas al infractor pueden verse sancionadas si se considera que le han inducido a defraudar a la Hacienda Pública o que han colaborado con él proporcionándole medios o fórmulas para hacerlo. Sin embargo, la línea divisoria entre el simple asesoramiento o consejo y lo que se considera inducción o cooperación delictiva es demasiado delgada, y la falta de un marco legal que delimite claramente sus funciones crea un espacio de inseguridad jurídica evidente. Ayudar, apoyar y aconsejar al cliente, a veces en situaciones críticas, es la conducta esperada de cualquier asesor profesional. Por otra parte, cuando se inicia un proceso por delito fiscal no es raro que el contribuyente imputado se justifique diciendo que él creía haber tributado correctamente porque se limitó a seguir los consejos de su asesor fiscal  ¿Cómo marcar entonces los límites?

Como regla general la jurisprudencia señala que el criterio determinante para valorar la actuación del asesor del infractor es si ésta se ha mantenido dentro de lo que se concibe socialmente como el comportamiento estándar de la profesión. Pero este criterio es difuso y sirve de poco a la hora de aplicarlo sobre situaciones concretas; sobre todo si se trata de clientes con actividades complejas o riesgos especiales, a los que naturalmente es plenamente legítimo asesorar y apoyar dentro de la legalidad. El contenido estándar de una profesión no regulada como ésta es necesariamente un contenido impreciso, y difícil  de encajar con la taxatividad que caracteriza al  Derecho Penal.

Afortunadamente la mayor parte de las condenas que recaen  sobre asesores por participar en delitos cometidos por sus clientes, responden a extralimitaciones tan evidentes, que resultan muy fáciles de reconocer y, por tanto, de evitar. Conductas tales como proporcionar facturas falsas; intervenir personalmente en escrituras o actos jurídicos simulados; prestarse a aparecer como testaferro en sociedades interpuestas o con pérdidas acumuladas para compensar plusvalías etc., o proporcionar sociedades inactivas para incorporarlas a dispositivos complejos de fraude fiscal etc. suponen sin la menor duda  que el asesor fiscal ha traspasado por completo los estándar de su profesión, para sumarse al fraude de su cliente.
Pero hay casos mucho menos seguros, y en los que la práctica de los Tribunales responsabiliza penalmente al asesor como simple inductor o cooperador del cierre infractor. Por ej, cuando propone o diseña una o más opciones de ahorro fiscal, aunque no tenga capacidad de decisión final, especialmente en las operaciones denominadas de ingeniería fiscal. Muchas sentencias consideran que el mero hecho de concebir estas operaciones supone poner una especie de bien escaso –el conocimiento del asesor– al servicio de un proyecto de fraude; y éste es un razonamiento que tiene pleno sentido. Pero no es fácil fijar con claridad donde termina el simple consejo o la información y empieza la cooperación delictiva.
En definitiva, una situación que demanda urgentemente un marco de seguridad jurídica.

Diego Cabezuela | @dcabezuelaCL

Abogado Penal Económico y Societario | Madrid

Circulo Legal

 

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